La Politica Quilmeña
El gobierno nacional modificó la movilidad jubilatoria de los haberes de docentes y empleados de la administración pública de la provincia de Buenos Aires, afectando sus ingresos mensuales.
La medida, efectivizada mediante el decreto 274/2024 firmado por el presidente Javier Milei y su Gabinete de ministros, implica la eliminación de los pagos que la ANSES realizaba hasta el año pasado para complementar el financiamiento del IPS. En su lugar, se establece una nueva fórmula de actualización de los haberes, que se ajustarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INDEC.
Según lo dispuesto en el decreto, a partir de este mes de abril, los haberes se actualizarán conforme a la evolución del IPC, abonándose en julio la variación correspondiente a mayo, y así sucesivamente. Además, se otorgará un incremento extraordinario del 12,5 % para el mes de abril sobre el cómputo del IPC.
La preocupación radica en que el IPC puede no reflejar completamente el aumento real de los precios de los bienes y servicios que afectan a los jubilados. En otras palabras, si la tasa de inflación es mayor que el aumento otorgado mediante la nueva fórmula, los jubilados pueden experimentar una pérdida en su poder adquisitivo, ya que sus ingresos no se ajustarían en la misma medida que los precios de los productos que necesitan comprar.
Si bien la Constitución Nacional establece que las jubilaciones y pensiones deben ser móviles, no define un sistema específico para su ajuste. No obstante, estas modificaciones impactan en la ley de movilidad jubilatoria (27.609), generando incertidumbre y preocupación entre los jubilados del IPS.
Desde el gobierno bonaerense, encabezado por el gobernador Axel Kicillof, se evalúa el impacto concreto de estos cambios y se analiza la posibilidad de realizar una presentación judicial para proteger los derechos de los jubilados. Esta medida también está siendo considerada por otras provincias afectadas por la nueva normativa.
