Ropa enterrada en Tucumán: Mónica Frade puso bajo la lupa el destino de la mercadería secuestrada

    La diputada nacional quilmeña cuestionó el destino de prendas y acolchados que terminaron enterrados en un predio municipal de Aguilares. Gendarmería explicó que los elementos habían sido afectados por inundaciones y roedores y que su descarte había sido dispuesto por la Justicia Federal.
    29/09/2026La Politica QuilmeñaLa Politica Quilmeña

    La imagen llamó la atención y rápidamente abrió una discusión: vecinos de Aguilares, en Tucumán, ingresaron a un predio municipal utilizado como basural y comenzaron a desenterrar acolchados, prendas de vestir y otros elementos que habían sido descartados por Gendarmería Nacional. El episodio ocurrió en el barrio Villa Nueva y terminó con intervención policial y judicial.

    Según explicó Gendarmería, los objetos provenían del Escuadrón 11 de Aguilares y habían sufrido daños durante las recientes inundaciones que afectaron las instalaciones. A eso se sumaron, de acuerdo con la fuerza, deterioros provocados por roedores, por lo que los elementos fueron considerados inutilizables y no aptos para ser entregados en donación. El descarte se realizó en cumplimiento de un oficio dispuesto por la Justicia Federal.

    El hallazgo, sin embargo, llevó a la diputada nacional quilmeña Mónica Frade a poner el foco sobre el destino de este tipo de bienes. Su planteo apunta a una pregunta que excede el episodio puntual de Tucumán: ¿qué mecanismos existen para determinar qué mercadería secuestrada puede ser recuperada y destinada a instituciones o personas que puedan necesitarla?

    La diferencia no es menor. En este caso concreto, la versión oficial sostiene que los artículos enterrados ya no estaban en condiciones de ser reutilizados. No hay, hasta ahora, elementos públicos que permitan afirmar que se descartó mercadería apta para donación. Lo que sí quedó expuesto es el destino final de esos bienes: terminaron bajo tierra en un predio municipal.

    El episodio también generó una actuación de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Concepción, que ordenó confeccionar un acta y dio intervención a Gendarmería para que adoptara las medidas correspondientes sobre los elementos que habían sido retirados por los vecinos.

    Para Frade, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión sobre transparencia, control y destino de los bienes que quedan bajo custodia del Estado. La pregunta que queda planteada no es solamente qué ocurrió con la ropa de Aguilares, sino qué criterios se utilizan antes de decidir que determinados bienes ya no tienen ninguna posibilidad de ser aprovechados.

    Porque una cosa es que la Justicia determine que un objeto está inutilizado. Y otra, bastante distinta, es saber cómo se llegó a esa decisión y qué controles existen para garantizar que así sea.

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